La salud mental en Colombia es un tema de creciente preocupación, y los datos recientes pintan un panorama que exige atención urgente y acciones contundentes. No es solo una cuestión individual; es una problemática social, económica e histórica que afecta profundamente el tejido de nuestra nación.
Una realidad preocupante: Las cifras son alarmantes. Más del 66% de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental en su vida. La depresión, la ansiedad y el trastorno afectivo bipolar han mostrado un aumento sostenido, especialmente entre 2019 y 2023.
Particularmente grave es la situación del suicidio, que en 2023 registró un aumento del 15.73% en comparación con el año anterior, y los intentos de suicidio suman más de 150.000 casos entre 2019 y 2023. Además, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, y el suicidio es la tercera causa de defunción en el rango de 15 a 29 años.
Raíces profundas y consecuencias de la historia: La problemática no es nueva. La historia de Colombia, marcada por la violencia, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza y la desigualdad, ha dejado “cicatrices profundas” en la salud mental de millones de familias. Estas experiencias se traducen en una alta prevalencia de trastornos de afecto, ansiedad y estrés postraumático. La pandemia de COVID-19 solo exacerbó una crisis ya existente, revelando la insuficiencia y la inadecuación de la atención.
Déficit de atención y barreras de acceso: A pesar de la magnitud del problema, el sistema de salud colombiano está en deuda. Hay una escasez crítica de profesionales: Colombia cuenta con 2.5 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de la recomendación de la OMS de 10 por cada 100,000. Esto se suma a barreras como la demora en citas psiquiátricas, la limitada cobertura de acciones de salud, y la escasez de medicamentos esenciales para trastornos mentales. Además, el estigma social sigue siendo un obstáculo enorme, llevando a muchas personas a sufrir en silencio.
Avances en política pública, pero con retos en la implementación: Hay esfuerzos legislativos importantes. El Decreto 729 de 2025 actualiza la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Ley 2460 de 2025 (o 2024, según las fuentes) busca fortalecer el derecho a la salud mental, la prevención y la atención integral. Esta nueva política enfatiza un enfoque territorial, diferencial e intersectorial, buscando eliminar el estigma y la discriminación. Se promueve la integración de la salud mental en la atención primaria y se busca fortalecer la red de servicios. Incluso se ha instruido que los colegios, tanto públicos como privados, ofrezcan servicios de psicología gratuitos a sus estudiantes.
El camino a seguir: Si bien los marcos legales son un paso crucial, el verdadero desafío radica en la implementación efectiva y el presupuesto adecuado. Es fundamental:
Fortalecer el recurso humano: Aumentar el número de psiquiatras y psicólogos, así como mejorar sus condiciones laborales.
Garantizar el acceso: Asegurar la disponibilidad de citas y medicamentos, eliminando barreras geográficas y económicas.
Romper el estigma: Fomentar una cultura de apertura y diálogo sobre la salud mental desde la educación temprana y en todos los entornos, incluyendo el laboral y el educativo.
Enfoque preventivo y comunitario: No solo tratar la enfermedad, sino promover la salud mental a través de programas basados en evidencia, con énfasis en la atención primaria y comunitaria.
Reconocimiento como derecho fundamental: La salud mental no es un lujo, es un derecho. El Estado y la sociedad deben trabajar juntos para que este derecho sea una realidad para todos los colombianos.
La situación de la salud mental en Colombia nos llama a una reflexión profunda y a una acción colectiva. Es un compromiso de todos construir una sociedad más empática, informada y equipada para cuidar la mente y el alma de sus ciudadanos.
