La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud enfrentan una afectación cercana a los $2,6 billones como consecuencia de 291 medidas cautelares de embargo. El informe se elaboró a partir de la información entregada por las EPS a través de ejercicios de autorreporte.
De acuerdo con la entidad, esta situación constituye una amenaza significativa para la estabilidad financiera del sistema y para la protección efectiva del derecho a la salud, ya que pone en riesgo la disponibilidad oportuna de los fondos destinados a cubrir servicios médicos, así como los pagos a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y otros integrantes de la red asistencial.
El análisis también permitió identificar que Bogotá, Antioquia —en el municipio de Concordia—, Bolívar —en Cartagena— y Caquetá —en Florencia— concentran la mayor cantidad de procesos de embargo. En el detalle, la capital del país encabeza la lista con 65 casos, seguida por Bolívar con 47, Caquetá con 34 y Antioquia con 21.
En cuanto al impacto económico, la Supersalud señaló que entre las EPS con mayor participación en el monto total comprometido se encuentran Nueva EPS y Coosalud EPS, lo que evidencia tanto el número de demandas en curso como el elevado valor de las reclamaciones acumuladas por parte de prestadores públicos y privados.
La entidad recordó que los recursos del sistema tienen carácter público y parafiscal, además de una destinación específica, por lo que deben emplearse únicamente en la financiación de la atención en salud y en la preservación del equilibrio del modelo, tal como se expuso en el Concepto Unificado emitido el pasado 19 de enero.
Asimismo, reiteró que estos fondos están protegidos por la regla de inembargabilidad, salvo excepciones muy concretas y de aplicación restrictiva definidas por la jurisprudencia constitucional.
Finalmente, la Superintendencia insistió en la necesidad de resguardar de manera integral los recursos del sector salud, los cuales deben destinarse exclusivamente a garantizar la atención de los afiliados y la sostenibilidad del sistema, una postura que —recordó— ha sido respaldada en distintas ocasiones por el presidente Gustavo Petro Urrego.
