La Contraloría General de Cundinamarca inició un proceso de responsabilidad fiscal contra varios funcionarios públicos y contratistas del municipio de Sopó, tras detectar presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de infraestructura vial. La actuación fue formalizada mediante el Auto 088 del 3 de diciembre de 2025, en el cual se establece una cuantía en investigación que asciende a 6.738 millones de pesos.
Según el organismo de control, la decisión se sustenta en hallazgos que evidenciarían un posible detrimento patrimonial, originado en falencias relacionadas con la planeación, el seguimiento y la ejecución del proyecto. Como parte de las verificaciones adelantadas, la Contraloría realizó una inspección técnica que permitió identificar inconsistencias entre las cantidades de obra reportadas en los documentos contractuales y las efectivamente ejecutadas en campo, así como la existencia de faltantes físicos en varias de las intervenciones previstas y debilidades en los mecanismos de control.
El informe técnico señala que el estado real de las obras no guarda correspondencia con los soportes documentales presentados por los responsables del convenio, situación que habría afectado la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial del municipio. De acuerdo con la Contraloría, estas anomalías constituyen un riesgo directo para el erario, ya que el monto investigado corresponde a obras que presuntamente no se ejecutaron o que se realizaron sin cumplir con las especificaciones técnicas exigidas.
Los recursos comprometidos tenían como finalidad mejorar la seguridad y la movilidad de los habitantes de Sopó mediante la recuperación de la malla vial, considerada una prioridad para el municipio en el contexto de su crecimiento demográfico sostenido en los últimos años. Este caso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Sopó fue recientemente sede del XIV Campeonato Suramericano de Fútbol de Salón, evento que demandó condiciones adecuadas de infraestructura para su desarrollo.
Con este proceso fiscal, la Contraloría busca establecer responsabilidades individuales y determinar si existió una afectación al patrimonio público atribuible a los funcionarios y contratistas involucrados en la ejecución del proyecto. Mientras avanzan las investigaciones, el ente de control reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión, control y transparencia en la contratación pública, con el fin de prevenir la repetición de este tipo de situaciones en otros municipios del departamento.
La apertura de este proceso representa un nuevo episodio en la vigilancia de los proyectos de infraestructura en Cundinamarca, donde se ha enfatizado la correcta administración de los recursos públicos destinados al desarrollo territorial. Las autoridades departamentales, por su parte, han manifestado su disposición para colaborar plenamente con las investigaciones, con el propósito de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones a que haya lugar.
