Un fallo del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ha generado inquietud a nivel nacional tras ordenar la suspensión de la exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2, una de las principales fuentes de gas de Ecopetrol. Según el fallo, se debe realizar una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga antes de continuar con las actividades en el proyecto. Esta decisión afecta de manera directa el abastecimiento de gas para 36 millones de colombianos.
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) y Naturgas han expresado su preocupación, señalando que el fallo compromete la seguridad energética del país. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, advirtió que, de no reactivarse el proyecto, Colombia podría enfrentar un déficit de gas natural a partir de 2025. “El Bloque Tayrona, donde se ubica el pozo Uchuva, tiene el potencial de proporcionar 400 millones de pies cúbicos diarios, lo que garantizaría la autosuficiencia energética en el mediano plazo», explicó Murgas.
El proyecto de Uchuva 2 se encuentra a 31 kilómetros de la costa en aguas profundas del Caribe colombiano y es considerado estratégico para asegurar el suministro de gas en el país. Según Frank Pearl, presidente de la ACP, “sin estos proyectos costa afuera, no será posible revertir la disminución crítica de las reservas de gas que ha caído un 58 % desde 2012”. Las reservas actuales solo podrían sostener el consumo nacional hasta 2025 si no se desarrollan nuevos campos de exploración.
Pese a la preocupación, las empresas involucradas aseguraron que han cumplido con todos los requisitos legales, incluyendo la determinación de la no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, como lo confirmó la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior en 2023. Durante los 20 años de operación en la zona, no se habían registrado reclamos o impactos por parte de las comunidades.
Además, la suspensión del proyecto podría tener implicaciones fiscales significativas para el país. Frank Pearl subrayó que «las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos energéticos crean incertidumbre para los inversionistas y ponen en riesgo la estabilidad energética de millones de colombianos».
Por: Juan David Sánchez, Periodista.
Fuente: ACP, Naturgas, Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta.
